EDITORIAL | Verdad y justicia en Portugal | El País

18-11-2023 | La acusación de la fiscalía que hizo dimitir a António Costa y cuya gravedad rebajó el juez debe aclararse cuanto antes.

El 7 de noviembre una operación judicial contra la corrupción provocó la caída del Gobierno socialista portugués, sustentado por una mayoría absoluta elegida hace menos de dos años. La Fiscalía —que en Portugal tiene una autonomía y unas competencias mayores que en España— ordenó 42 registros, detuvo a cinco personas e informó de que el Tribunal Supremo investigaría al primer ministro, António Costa, para esclarecer su papel en la aprobación de dos explotaciones de litio y un gigantesco centro de datos en Sines, la mayor zona portuaria del país, promovido por una empresa que había contratado como consultor a uno de sus mejores amigos. El primer ministro dimitió de inmediato y, días después, pidió perdón por haber nombrado jefe de gabinete a Vítor Escária, uno de los detenidos, que guardaba 75.800 euros en sobres en su despacho. El presidente de la República decidió convocar elecciones anticipadas el 10 de marzo.

La estabilidad política asociada desde 2015 a la figura de António Costa se hizo añicos.

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